El Supremo de Estados Unidos ha rechazado este miércoles la solicitud del Gobierno para continuar con la suspensión de los tratamientos hormonales para un millar de presos transgénero, en lo que supone un nuevo revés para la Administración Trump en materia de derechos para el colectivo LGTBI.

Los magistrados han decidido mantener en pie la resolución de un tribunal inferior que consideró que la política del Gobierno de «denegar la atención de reafirmación de género a pacientes para quienes dicha atención es médicamente necesaria puede provocar un deterioro de la salud mental y aumentar las tasas de depresión, ansiedad y autolesiones».

Con este argumento, el juez federal de distrito Royce Lamberth, de Washington, decidió el pasado junio suspender la directiva de Trump que prohíbe el uso de fondos federales para «cualquier procedimiento médico, tratamiento o fármaco con el fin de adaptar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto», lo cual abarca desde hormonas hasta el uso de pelucas y maquillaje, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Según la orden, firmada por el mandatario un día después de asumir la Presidencia en enero de 2025, los magistrados debían denegar la asistencia acatando el criterio de la Oficina de Prisiones según el cual «las preocupaciones en materia de seguridad y administración penitenciaria prevalecían sobre cualquier beneficio, médico o de otro tipo», derivado de facilitar un mayor acceso a cirugías de modificación de rasgos sexuales, tratamientos hormonales y adaptaciones sociales en el entorno penitenciario.

Para Lamberth, la Oficina de Prisiones de Estados Unidos no había evaluado la eficacia de los tratamientos antes de suspenderlos, habida cuenta de los efectos en las personas que ven interrumpida la medicación. Alishea Kingdom, uno de los tres reclusos que venían recibiendo terapia hormonal y que han impugnado la medida, denuncia que desde entonces ha sufrido angustia incapacitante, ataques de pánico y pensamientos suicidas.

Con todo, el Supremo ha dado ‘luz verde’ en los últimos años al veto de las personas transgénero en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ha permitido que los nuevos pasaportes reflejen el sexo que figura en el certificado de nacimiento del titular.

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