Reynoso explicó que el proyecto surgió del trabajo desarrollado durante los últimos dos años por una mesa integrada por distintas áreas municipales y organizaciones vinculadas con género, diversidad, salud y trabajo. Según señaló, la iniciativa toma como referencia la Ley Nacional 27.636 y busca trasladar al ámbito municipal una herramienta destinada a favorecer el acceso al empleo de una población que, según las impulsoras, enfrenta dificultades específicas para incorporarse al mercado laboral formal.

En ese sentido, remarcó: “No podemos dejar como de lado que más allá de cualquier tipo de acuerdo lo que viene a establecer la ley es una garantía de acceso a una población estructuralmente violentada y expulsada de la sociedad”. La referente sostuvo que el proyecto no surgió como una iniciativa aislada, sino que se desprende de una legislación nacional que establece un cupo del 1% para personas travestis, transexuales y transgénero en el ámbito estatal. “Los artículos, los ejes centrales de nuestro proyecto de ordenanza están desprendidos de una ley nacional. No es que nosotros estamos queriendo inventar la pólvora”.

Uno de los principales puntos de discusión alrededor del proyecto está relacionado con las condiciones de acceso a los puestos laborales. La concejal Lilia Vidal cuestionó particularmente que la iniciativa contemple criterios diferentes respecto de la formación y los antecedentes exigidos a otros aspirantes. Frente a ese planteamiento, Bonacina sostuvo que el proyecto debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones sociales que, según explicó, atraviesan a las personas trans. “No podemos pensar en privilegios cuando es una ley reparatoria para la comunidad”.

La integrante de Aquelarre Marica sostuvo que la iniciativa parte de reconocer que no todas las personas llegan al mercado laboral desde las mismas condiciones. En ese sentido, planteó que exigir exactamente el mismo recorrido educativo y laboral a personas que atravesaron procesos de exclusión puede terminar reproduciendo la desigualdad que la norma intenta corregir. “El privilegio del que habla la señora Lilia Vidal es justamente haber tenido un hogar en el cual se aseguraban comida todos los días y no te expulsaron ni por tu condición de género ni por tu sexualidad”.

Otro de los puntos que las entrevistadas consideraron necesario aclarar fue el relacionado con los antecedentes penales. Bonacina cuestionó lo que consideró una interpretación parcial del proyecto y sostuvo que no se plantea eliminar de manera general el requisito de antecedentes. “Es un recorte muy malicioso decir que no se van a contemplar antecedentes penales”.

Y explicó que el proyecto contempla específicamente determinadas situaciones vinculadas con la trayectoria de las personas trans. “El artículo y lo que explícitamente nosotros escribimos es antecedentes penales en relación a la trata de persona y el trabajo sexual. Es otra cosa muy distinta”. Para las impulsoras, este punto debe analizarse en relación con las situaciones de vulnerabilidad que puede atravesar una persona trans durante su vida y no de manera aislada.

Las entrevistadas también respondieron a los cuestionamientos vinculados con la formación académica. Bonacina explicó que la posibilidad de acceder a un puesto sin haber terminado determinados estudios no implica eliminar la capacitación ni la formación requerida para desempeñar una tarea. “Lo que la ley establece es que si bien se puede contratar una persona sin tener, digamos, sin reparar en que haya terminado el secundario o que tenga un título terciario y demás, sí implica que haya un acompañamiento para que esa persona pueda terminar sus estudios”.

En ese sentido, insistió en que el objetivo no sería solamente el ingreso al empleo municipal, sino también generar las condiciones para que la persona pueda sostenerlo. “No es solamente garantizar el acceso sino también la permanencia de esos puestos de trabajo”.

Ante el argumento de que el cupo podría perjudicar a otras personas que también necesitan trabajo, las entrevistadas defendieron el porcentaje propuesto. Explicaron que el cupo representa solamente una parte del total de los puestos laborales. “Lo que habla es que justamente es un porcentaje que está destinado a esa población. Del 100% de trabajadores estamos hablando de un 1%. Entonces tiene 99% del resto de idoneidad para estar dentro del colectivo”. La dirigente planteó que pertenecer al colectivo trans no garantiza de por sí acceder a un empleo y sostuvo que la discriminación laboral es uno de los obstáculos que la iniciativa busca abordar.

Otro de los argumentos desarrollados durante la entrevista fue que las distintas identidades y orientaciones sexuales no necesariamente atraviesan las mismas situaciones de discriminación. Bonacina remarcó que, desde su perspectiva, no resulta suficiente analizar la situación bajo una categoría general de diversidad. “No es lo mismo ser un varón gay, no es lo mismo ser una mujer lesbiana, no es lo mismo ser una mujer trans ni es lo mismo ser un varón trans en esta sociedad”. Según explicó, la expresión de género puede determinar la manera en que una persona es percibida y tratada socialmente. Por ese motivo, sostuvo que el proyecto debe ser entendido específicamente desde las dificultades que atraviesan las personas travestis, transexuales y transgénero.

Las entrevistadas también insistieron en que incorporar personas trans al Estado municipal no sería suficiente si no se modifican las condiciones dentro de los espacios laborales. Reynoso señaló que deberían existir instancias de capacitación y sensibilización para quienes trabajen junto a las personas incorporadas. “No es suficiente con decir ‘contraten una persona trans’ y si en ese lugar de trabajo va a ser violentada, va a ser maltratada”. En esa línea, planteó que el objetivo debe ser construir espacios laborales respetuosos y capaces de garantizar la permanencia. “Hay que ir por todos los ámbitos”.

Bonacina relató que desde la organización recibieron situaciones de jóvenes que, según explicó, recorrieron distintos comercios dejando currículums y encontraron obstáculos vinculados con su identidad. “Han venido, por ejemplo, adolescencias con un nivel de angustia por haber llevado por ahí currículum por el centro y haberse recorrido todo y que su nombre no condice con la imagen que esperan ver de ese nombre”. Para la referente, esas situaciones forman parte de una problemática más amplia que excede al empleo municipal. “La base de la violencia es una relación desigual de poder donde hay una intención de una persona hacia otra de ejercer un sometimiento o un dominio”.

Hacia el final de la entrevista, las dos referentes plantearon que el objetivo de fondo es que la identidad de una persona no determine qué lugares puede ocupar dentro de la sociedad. Bonacina resumió esa mirada con una definición: “En un mundo un poco más sano, todas las personas podríamos estar ocupando y deberíamos estar ocupando todos los espacios que así quisiéramos”.

Mientras tanto, el proyecto continúa su recorrido institucional y deberá ser analizado por el Concejo Deliberante de Villa La Angostura, donde se debatirán sus alcances y las modificaciones incorporadas a partir de las conversaciones mantenidas con los concejales. Para sus impulsoras, el debate no se reduce al porcentaje del cupo, sino a la discusión sobre igualdad de oportunidades, acceso al empleo, formación, antecedentes y condiciones de permanencia en el ámbito laboral municipal.

En ese punto, Reynoso y Bonacina sostienen que la iniciativa debe ser entendida como una herramienta para intervenir sobre una desigualdad que, según su planteo, todavía condiciona el acceso de las personas trans al trabajo formal.

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